De la Conciliación e Insolvencia en Tiempos del Covid-19, en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la CCT

Luego de que la sociedad colombiana atravesara por un momento coyuntural de alta gravedad por la presencia de una pandemia con capacidad de extenderse a lo largo del continente, países del tercer mundo se vieron en una difícil situación al tener que afrontar el decaimiento de la economía a nivel mundial. La pandemia trajo consigo problemáticas sociales, culturales, familiares y sobre todo económicas. Esta última, se convirtió en un factor protagonista de conflictos jurídicos que yacen desde la perspectiva de los Centros de Conciliación, en las relaciones de arrendador – arrendatario, pues en el caso propio de Colombia, la mayoría de comerciantes no gozan de ser propietarios del bien inmueble en el que se encuentra, sea su establecimiento de comercio, casa o habitación que habita.

En ciudades como Tuluá, los ciudadanos cuentan con el acceso a tres centros de conciliación, el de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), el de la Casa de Justicia, y el de la Cámara de Comercio de la ciudad. Este último, logró evidenciar la alta tasa de solicitudes registradas por conflictos derivados del arrendamiento de vivienda urbana, contemplado en la ley 820 de 2003, y el arrendamiento de local comercial, regulado por la Decreto 410 De 1971. Los problemáticas yacían en primera medida, en el cumulo de canon de arrendamiento, la terminación de contratos de arrendamiento por impedimento de pago, y las clausulas y penalidades por incumplimiento del contrato.

Las tres causas anteriores, se lograron remediar mediante el decreto 579 del 15 de abril de 2020, mediante el cual, el gobierno nacional direccionó a los arrendadores y arrendatarios a llegar un acuerdo mediante el mecanismo de la conciliación, respecto a las situaciones descritas con anterioridad, no sin antes mencionar que dicho decreto pretende brindar un espacio de congelamiento de incrementos, pues el mismo contempla la suspensión de desalojos, suspensión del reajuste de canon de arrendamiento, la prórroga de contratos que expiren en el tiempo de la vigencia del decreto, entre otros beneficios,  hasta el 30 de junio de 2020; sin embargo, en lo que refiere a penalidades, indemnizaciones y demás, los arrendatarios han mostrado un rechazo al pago por este concepto, pues el decreto 579 de 2020, no regulo el cobro de este concepto, sino que solo hizo alusión a que en caso de llegarse a un acuerdo, no se podría contemplar ningún valor por indemnización o penalidad, sin especificar el proceder, si no se llegase a un acuerdo.

Posteriormente, el decreto 797 del 04 de junio de 2020, otorgó la posibilidad de terminación unilateral del contrato de arrendamiento de local comercial, especificando el pago obligatorio de un tercio de la cláusula penal, suponiendo que esto le otorgará a los arrendatarios un alivio económico a quienes se encuentren impedidos para pagar, por la disminución abrupta de sus ingresos por ventas de servicios.

En lo que refiere al área de insolvencia, el Centro de Conciliación, Arbitraje y amigable Composición, experimento un alza en su atención a orientaciones respecto al procedimiento de insolvencia, y los requisitos para acceder a este mecanismo, conforme a la ley 1564 de 2012.

En un esfuerzo por reinventarse, los Centros de Conciliación de las ciudades como Cali, Bogotá, entre otros…presentaron propuesta para acceder a este mecanismo con tarifas disminuidas, unificándose dichos precios a nivel nacional y constituyendo un apoyo para las personas naturales no comerciantes, que por la pandemia se han encontrado impedidos al pago de sus obligaciones crediticias. Por otra parte, el gobierno nacional por el decreto 560 del 15 de abril de 2020, facultó a las Cámaras de Comercio, por medio de sus centros de conciliación, para ser competentes por medio de un mediador, para adelantar procedimientos de recuperación empresarial para ser validados con posterioridad ante un juez concursal, convirtiendo este mecanismo, en un medio mucho más ágil, célere y eficaz, por colaborar con la descongestión de despachos judiciales.

Por: Jhon Romario Árce – Judicante

 

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